Apostemos por las Pymes

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Cuenta la leyenda que es posible llegar a los Estados Unidos por la mañana y por la tarde poner en marcha un negocio. Al igual que ocurre con todos los tópicos, la realidad es algo más compleja. Pero no es menos cierto que el espíritu emprendedor forma parte fundamental del sueño americano. Hasta tal punto que en su primer discurso tras ganar su reelección, el presidente Obama se dirigía a los emprendedores para pedirles que ayuden a crear los puestos de trabajo que Estados Unidos necesitará en los próximos años. 

En España, por el contrario, el criterio de fomentar la creación de nuevas empresas no es tan manifiesto en el debate español y dos informes recientes ponen de relieve las consecuencias. Según uno de ellos, elaborado por el Banco Mundial, Doing Business 2013, poner en marcha un negocio en España es un proceso verdaderamente entrevesado. Cumplir con toda la tramitación burocrática necesaria lo ralentiza todo con la consecuencia de que España ocupa el puesto número 134 de los 184 estados analizados, detrás de países como Zambia.

Otro informe, Emprendedores Global Monitor (GEM en sus siglas ingles), utilizando datos recogidos por distintas universidades españolas, confirma que, de los 59 países analizados, España está a cola; entre los seis peores a la hora de tratar de fundar un negocio nuevo.

Hace mucho que se necesita una reforma para fomentar la creación de nuevos negocios en la economía española y es absurdo que, estando en plena crisis, todavía puedan existir tantas trabas burocráticas que demoren tanto tiempo el poder abrir una pequeña empresa.

Ahora bien, agilizar la tramitación de un negocio, aunque sea un paso necesario, no es suficiente.

Veamos un ejemplo útil para revelar esta cuestión. En España hay, según el Ministerio de Industria, en torno a 3.246.986 empresas y de las cuales el 99’89% entran en la categoría de pequeñas y medianas empresas (PYME). La inmensa mayoría, de hecho, son autónomos y empresas con menos de 10 trabajadores. Lo más característico de estas PYME es que en 2011 generaban el 63’9% del empleo, incluso tras varios años perdiendo empleados.

Parecería obvio para cualquiera con sentido común que si se quiere recuperar el empleo hay que, para comenzar, informarse de cuáles son los problemas que abordar las PYME a la hora de contratar trabajadores. Por esa misma razón los servicios de estudio del Banco Central Europeo elaboran una encuesta regular, que arroja los siguientes resultados en su publicación de mediados de 2012:

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Según estos datos el principal problema de las empresas españolas, más acuciante en las PYME que en las grandes empresas, es la incapacidad de encontrar clientes. Es decir, falta de consumo y, al mismo tiempo, de demanda. En segundo lugar destaca el problema de falta de acceso al crédito, también más elevado en las PYME. Y sólo muy de lejos aparecen otros problemas, aunque estos más importantes para las grandes empresas, como son la competencia, los costes laborales y la regulación.

Estos datos son consistentes con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el mismo tema, publicada en julio de 2012, que señalaba que el 63’8% de las PYME consideraba que la falta de financiación era el principal motivo por el que era difícil poner en marcha un negocio en España. El 19’3% consideraba que el principal problema era de dificultad en la regulación y sólo un 2% achacaba el problema a diferencias regulatorias entre Comunidades Autónomas. Por otra parte, el 40’4% de las PYME señalaba que el principal riesgo es la incertidumbre en los ingresos.

Por su parte, la respuesta más recurrente que la banca da esta pregunta es que no hay demanda de crédito. Es decir, las empresas medianas y pequeñas y las familias no están pidiendo dinero prestado. Esta réplica es también la que el gobierno español ha estado sosteniendo. Y para sostener tal explicación ponen énfasis en el bajo nivel de solicitudes de crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas y por parte de las familias.

Dicha explicación, sin embargo, no se aguanta ni por asomo. El hecho de que no haya más peticiones de crédito a la banca se debe a las condiciones económicas que ésta exige, que llevan consigo unos elevados intereses. Por otro lado, a la banca no le resulta rentable otorgar este tipo de préstamos, que además considera arriesgados porque sabe que la población está perdiendo poder adquisitivo a causa del descenso de los salarios. La realidad es que la banca puede y hace muchísimo más dinero comprando deuda pública a unos intereses desorbitados, que ofreciendo crédito. Y todo ello cortesía del Banco Central Europeo, su lobby particular, que le presta dinero a los bancos a unos intereses extremadamente bajos (menos de un 1%), dinero con el que compran bonos públicos que les proporcionan unos intereses altísimos (algo más del 6% en 2012) en el caso de los bonos españoles.

El hecho de que los intereses de la deuda pública sean tan altos se debe a que el BCE no cumple sus deberes, esto es, comprar bonos públicos, protegiendo a los Estados frente a la especulación del sector financiero. En consecuencia, el Estado está recortando ahora el gasto público, incluyendo el social (75.352 millones de euros ha costado la reestructuración de las cajas de ahorros; seis veces el equivalente a los recortes en Sanidad y Educación) y un largo etcétera para que pueda pagar los exuberantes intereses a los bancos, y así obtener crédito. Solo este año, el gobierno español tendrá que pagar una cantidad equivalente al 3,86% del PIB en intereses a la banca por haberle prestado dinero.

Lo que es escandaloso es que todos estos recortes pudieran haberse evitado fácilmente, creando una banca pública con todo el dinero que se ha pagado a la privada. Sumando los intereses de la deuda pública, más los bonos que el Estado debe vender a la banca para conseguir dinero este año, resulta una cantidad nada menos que equivalente al 19% del PIB, que el estado pagará a la banca este año. Y que no se cree un banco público se debe a la oposición de la banca, y de sus lobbies, tanto el BCE como el Banco de España, a que ello ocurra.

Pero la cosa es todavía peor. En realidad, el BCE no puede comprar bonos públicos del gobierno español. Pero sí que puede, según sus estatutos, prestar dinero a intereses bajos, tal como hace a la banca privada, o a una institución financiera pública, tal como el ICO, Instituto de Crédito Oficial. Y lo ha hecho. Pero el ICO, según la propia normativa oficial (escrita por la banca privada a fin de proteger sus intereses), no puede prestar dinero directamente. Y tiene que hacerlo, de nuevo, a través de la banca privada. Es decir, el ICO da dinero a la banca privada para que esta preste dinero en condiciones económicas a las empresas y a las familias, con lo cual estas se encuentran con el mismo problema antes citado. No pueden pagar los criterios abusivos que los bancos piden. De ahí que de los 22.000 millones de euros que tenía el ICO en 2012, solo un 25% se gastara ofreciendo créditos, que, repito, solo puede ofrecer a través de la banca.

Y para mayor escándalo y bochorno, si cabe, de este 25%, la mayoría ha ido a grandes empresas como Telefónica, Banco Santander y otras entidades que son las únicas que se benefician de esta afluencia de crédito. Y mientras tanto las empresas pequeñas y medianas están colapsando y creando un enorme problema de desempleo, con todos los problemas sociales que ello conlleva.

Y la causa de todo ello es política: la enorme influencia que el sector financiero tiene sobre el Estado.

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