Una reforma fiscal para castigar a las clases medias

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El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el proyecto de ley de reforma fiscal que ha elaborado el gobierno del PP “con el fin de generar economía y empleo“, y cuyos dos pilares centrales son la bajada del Impuesto sobre la Renta y la creación de un nuevo tipo único del 20 por ciento en el Impuesto de Sociedades.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sentenció que “ha llegado el momento de bajar impuestos para todos. Los españoles van a recibir la compensación al esfuerzo que han hecho“. Y añadió que con estas medidas el Gobierno crea un sistema tributario que favorece a los emprendedores, la inversión y la capacidad de competir de nuestra economía frente al mundo y que va a impulsar “la creación de empleo“.

No hay duda de que uno de los aspectos más urgentes que necesita la economía española es una reforma integral de su sistema fiscal. Una vez conocidas las propuestas de esta nueva reforma del PP, cabe preguntarnos: ¿Es esta la reforma fiscal que necesita el país? La respuesta es un claro y tajante, NO. Se trata de una nueva chapuza impositiva, impulsada por los intereses electorales del PP y nada tiene que ver con las necesidades reales del país.

Veamos, la reforma fiscal del PP parte de dos premisas falsas. La primera de ellas es que la presión fiscal en España es elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de junio de 2014, la presión fiscal en nuestro país se sitúa en el 32,5% del PIB, una cifra bastante baja. Nuestra fiscalidad está seis puntos y medio por debajo de la media europea. Si la comparación se realiza con los países próximos al nuestro, como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por debajo.

Entre 2002 y 2012, la presión fiscal ha subido en casi todos los países de la Eurozona, salvo en España, donde es punto y medio más baja que hace 10 años. Sólo los países bálticos (pequeños, y con un sistema tributario aún muy incompleto) y algunos de los países del Este (con grandes bolsas de economía sumergida y agencias tributarias rudimentarias) presentan cifras inferiores, además de dos países rescatados: un pseudo paraíso fiscal (Irlanda) y Portugal. Los países escandinavos, Italia y Francia tienen presiones fiscales en el entorno del 45%; Alemania y Holanda, en torno al 40%.

La segunda premisa es que reducir los impuestos implica un aumento el consumo. Esta es una afirmación cuestionable y nunca comprobada. Para las rentas altas, que tendrán una disminución significativa, su consumo seguirá siendo alto y esta disminución fiscal representará solo un aumento de su ahorro.

Además, la concepción de la reforma no responde a las verdades necesidades fiscales y presupuestarias españolas. Con un déficit del 7% (sin contar el rescate bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc. Esta reforma fiscal implica una reducción de unos 9.000 millones según Montoro que, en la versión gubernamental, serán equilibrados con el supuesto aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni está ni se la espera: el descenso de salarios conduce a la disminución añadida de los ingresos fiscales procedentes del IRPF y en consecuencia del estancamiento del consumo al descenso del IVA (lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por Bruselas. A todo ello hay que añadir la situación internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un escaso avance en nuestros principales mercados, el encarecimiento del petróleo y algunas materias primas y, ahora en el país, una situación al borde de la deflación, extremadamente peligrosa.

Han querido ocultar la profunda desigualdad de esta reforma presentándola siempre en porcentajes, de forma que ocultan que para una base liquidable baja, un ahorro del 20% puede representar 30 euros, mientras que para una alta, ese mismo porcentaje puede equivaler a 3.000 euros. La realidad es muy distinta pues. Incluso FUNCAS, la fundación de las cajas de Ahorro, ha puesto de relieve que la disminución de los impuestos para las rentas bajas no existiría porque, coincidiendo con GESTHA, la mayor parte ya no los paga en la actualidad, mientras que las rentas medias (ingresos alrededor de los 30.000 euros/año) tendrán que pagar incluso un punto más.

De esta forma disminuye la progresividad del sistema fiscal mediante la disminución de los tramos del IRPF de 7 a 5; la disminución del tipo más elevado (tipo marginal) cae al 45% desde el 52% y se reduce la tributación del capital, cuyo tipo impositivo será aún inferior a los correspondientes tramos de tributación por el trabajo. Esto revela el carácter electoralista de esta reforma con la que el PP se dirige a lo que considera su electorado natural. Estas rebajas están diseñadas para los grandes ingresos y las grandes empresas.

Sirva como ejemplo que el Banco Santander sólo tributo en el impuesto de Sociedades el 4% de sus beneficios ¿Es esto una reforma fiscal equilibrada? Con la situación fiscal mencionada, es a todas luces evidente a quién beneficia esta reforma, al igual que sabemos a quién ha beneficiado la reforma laboral, la LOMCE, la privatización de la sanidad, etcetera. Todas reformas económicas del PP van encaminadas a beneficiar a las elites económicas y a perjudicar a las clases trabajadoras y clases medias.

Las rentas más altas bajarán mucho más sus impuestos que las más bajas. Alguien que gane 100.000 o más euros, podrá ver sus impuestos disminuidos en 10 veces más, en términos absolutos, que quien gane 20.000 euros. En el tramo alto se reduce en 7 puntos, en el tramo más bajo en 5,75 puntos.  Así por ejemplo, el Sr Emilio Botín se va a  ahorrar unos 230.000 euros anuales en el IRPF con la reforma del PP, mientras que la rebaja media a los trabajadores será alrededor de 170 euros anuales. Se trata de una relación profundamente asimétrica.

El impuesto de Sociedades bajará para las grandes empresas del 30% al 25%, pero no así para las pequeñas empresas que seguirán en el 25%. Esa bajada se efectuará en dos partes: para 2015 al 28% y para 2016 al 25%. Dentro del Impuesto de Sociedades se mantendrá la deducción por I+D+i y se crean dos tratamientos fiscales nuevos: reserva por capitalización y reserva por nivelación, que pueden reducir los impuestos efectivos hasta un 10%. Aunque los Bancos permanecerán en el 30%, el juego de los llamados créditos fiscales, hace conlleva una situación todavía más ventajosa con relación a otras empresas.

La rebaja de la retención a los autónomos tendrá un efecto muy limitado y puede llevar a problemas de liquidez cuando se liquide el impuesto.

Todo esto se lleva a cabo en un escenario fiscal que parece no inquietar al PP. Según los técnicos de Hacienda (GESTHA), la economía sumergida era del 24,6% del PIB, 253.000 millones en 2012. La misma fuente asegura que el 72% del fraude fiscal tiene lugar en las grandes empresas y fortunas y que Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros por fraude descubiertos. En los datos anteriores no se tiene en cuenta la evasión fiscal (por ejemplo, con la utilización de SICAV o los paraísos fiscales), aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.

Sin embargo, esta reforma fiscal no contiene ninguna medida significativa para combatir el fraude y la evasión fiscal ni una mejora de los recursos técnicos y humanos de la Agencia Tributaria. Uno de los problema de la falta de recaudación fiscal en nuestro país es debido a la defraudación fiscal, la cual es ampliamente permitida desde los poderes políticos y que se sabe perfectamente dónde están localizados los numerosos paraísos fiscales. Se calcula que el fraude fiscal en nuestro país es de 88.000 millones de euros anuales, y de esta cantidad el 73% de este fraude es realizado por las 35 empresas que componen el IBEX 35, otro 10% corresponde a profesiones liberales. En el proyecto del PP no se encuentra medida alguna que plantee con seriedad la lucha contra la defraudación, y esto es así, porque la inmensa mayoría de los defraudadores importantes son votantes del PP.

En conclusión, la reforma fiscal del PP está diseñada con fines esencialmente electoralistas, cuyos fines son recuperar la vinculación con una electorado profundamente defraudado y desmotivado. Por eso han dividido esta reforma en dos años para aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales reclaman ventajas fiscales mayores.

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