La necesidad de vigilar a los agresores sexuales

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Eran las 7.37 horas de la mañana del miércoles 24 de septiembre cuando un grupo del GEO de la policía nacional irrumpía violentamente en el domicilio que ocupaba Antonio Ortiz, ubicado en el 79 de la calle Bajada de San Juan de Santander. Los agentes le sorprendían durmiendo e inmediatamente lo inmovilizaron contra el suelo. 

Así culminaba la Operación Candy‘ montada para detener a Antonio Ortiz, presunto pederasta de Ciudad Lineal.

Antonio Ortiz es un ciudadano español de 42 años. De complexión fuerte por su afición al culturismo y las artes marciales. Se trata de un hombre obsesionado con el culto al cuerpo y por las niñas. Atrevido y agresivo con las menores más frágiles hasta rozar el delito. El sujeto conocía bien la zona donde llevaba a cabo sus agresiones sexuales y por eso podía planificar sus huidas sin que le captaran las cámaras de vigilancia. Ortiz correspondía con un perfil que en la jerga criminalística se conoce como pederasta no preferencial. Es un perfil de agresor que no selecciona a ninguna víctima en especial. Elegía eso sí, a niñas delgadas. Llama la atención que su perfil en la red social Facebook estuviese repleta de contactos con fotos muy sugerentes, la mayoría con apariencia de menores.

La detención de un presunto agresor sexual como el pederasta Ortiz es siempre una buena noticia para todos. Pero la seguridad de que un nuevo violador se encuentra entre rejas no es fácil de asumir si reparamos en que Ortiz, presunto autor del rapto y la violación de cinco niñas -más otras tres en grado de tentativa- durante los últimos 10 meses es un experimentado criminal que ya fue condenado en los años 90 a 7 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de 6 años. Además, acumula múltiples antecedentes por secuestros, robo con fuerza y violencia de género.

La dilatada carrera delictiva de personas como Ortiz nos obliga a cuestionarse acerca de la eficacia real de las fuerzas del orden a la hora de proteger a los ciudadanos de las garras de criminales reincidentes, cuyo perfil psicológico hace imposible su reinserción. La experiencia demuestra, y los especialistas así lo confirman, que este tipo de sujetos vuelven a reincidir en la mayoría de los casos. Incluso una investigación realizada en la prisión de Brians, en Cataluña, en relación a la reinserción de los delincuentes sexuales afirmaba: “el número de asesinos y de violadores en serie que, habiendo cumplido sus penas, llegan a la liberación definitiva ofreciendo un pronóstico de alto riesgo de reincidencia son, proporcionalmente, muy bajas”. Así pues, ¿qué hacemos de aquellos ex convictos de los cuales se sospecha que no se han rehabilitado? ¿Puede el Estado proteger a sus posibles víctimas?

En relación a este asunto me remito al recomendable artículo del compañero Alfredo en el cual analiza la necesidad de encerrar a individuos peligrosos. Su escrito formula una cuestión de que merece ser debatida: ¿Hasta qué punto tiene autoridad un estado para limitar la “libertad individual” sin tener que invocarse las protecciones legales tradicionales en Derecho Penal?

Sobre esta cuestión hay que comentar varios puntos– a los agresores sexuales no se les puede encerrar en psiquiátricos porque no son mentalmente incapaces. Tampoco la Policía puede tomar medida alguna salvo que lo dictaminen los jueces. No pueden restringir sus movimientos. Tan solo prevenir. Vigilar. Esto es lo que se conoce como vigilancia policial “no invasiva” a la que ya se ha sometido a otros delincuentes como José Rodríguez Salvadoro, conocido como el Violador del Vall d’Hebron, o Alejandro Martínez Singul, conocido como el segundo violador del Eixample, el pasado julio. Singul fue el primer convicto español en someterse a la castración química, pero los psicólogos concluyeron que no se había rehabilitado. Cuando fue puesto en libertad, los Mossos d’Esquadra recibieron la instrucción de la Fiscalía para llevar a cabo una labor de seguimiento y “control no invasivo” de Singul. No se le podía someter a ningún seguimiento exhaustivo, pero sí a una cierta vigilancia compatible con la libertad de movimientos que le corresponde a cualquier ciudadano que tras cumplir una condena en prisión sale en libertad.

Barcelona fue la primera comunidad en activar este “protocolo” de vigilancia, pero recientemente, tras la derogación de la doctrina Parot, la Fiscalía lo ha activado en toda España.

Al margen de la citada vigilancia no invasiva, existen además otras alternativas que deben valorarse sin reparos para prevenir este tipo de incidentes, tales como la castración química voluntaria o el control de este tipo de delincuentes después de que hayan cumplido sus penas, o custodia de seguridad. En Francia, Alemania y EEUU se aplican inhibidores de la líbido, que resultan bastante eficaces en casos de pederastia, pero no tanto en violadores. En el Reino Unido existe la Megan’s Law , las autoridades avisan a los vecinos cuando un ex convicto condenado por agresión sexual se traslada a una población. Se trata de una serie de leyes que en España son de todo inasumibles.

Sin embargo la reforma del Código Penal -que lleva un año aplazada en el Congreso- ya prevé la prisión permanente revisable para autores de delitos muy graves, reincidentes y difícilmente reinsertables, como sucede en los casos del pederasta Antonio Ortiz y otros similares. Así pues, el proyecto de reforma del CP debería recuperar la custodia de seguridad no invasiva para este tipo de delincuentes con alta probabilidad de reincidencia. Habrá quien alegue que esto supondría una vulneración flagrante de la libertad individual y que una persona que ha cumplido su pena no tiene por qué estar sometida a ningún tipo de vigilancia por parte del Estado. Pero tengamos en cuenta que hay que legislar sobre realidades. Consideramos que una medida preventiva de estas características es proporcionada si tenemos en cuenta el tipo de delito y la reincidencia. No se trata de legislar impulsados por el odio o el miedo. No se trata tampoco de exigir, sin más, un endurecimiento de las penas que como mucho podría servir de consuelo a las víctimas pero que no ayuda a reducir la incidencia de estos casos. Se trata de que ante casos excepcionales se hace necesario plantear medidas extraordinarias.

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