Por una nueva política de vivienda

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Desde los años 60 hasta el año 2007 la construcción ha sido el verdadero motor económico en España. Siendo el principal sector productivo, permitió dinamizar la economía, generando la fuente de ganancias capaz de mantener el resto sectores como el turismo u otros tipos de servicios. Para fomentar la compra de viviendas, los bancos se introdujeron en el lucrativo mundo de las hipotecas. Ellos crearon una falsa sensación de prosperidad fundamentada en el crédito fácil. Mucha gente podía comprarse una casa, ya que los bancos otorgaban fácilmente esas hipotecas, por lo tanto todas las personas que vivían de la construcción tenían ingresos, los cuales a su vez invertían en otros servicios, consiguiendo así que otros negocios funcionasen, que la gente tuviera empleo y que por lo tanto, fuera lo suficientemente solvente para pedir créditos y comprar más viviendas.

Esta especulación inmobiliaria, provocó que, a causa de un crecimiento de la demanda inflada artificialmente a través de los créditos, aumentara el precio de la vivienda, lo que permitió que los dueños de las empresas constructoras y a los bancos se lucraran enormemente. El problema surgió cuando el precio de la vivienda alcanzó precios tan desorbitados que al final tocó techo. Consecuencia de ello, el consumo se redujo drásticamente. Para fomentar la venta de inmuebles necesitaban bajar los precios, pero las empresas constructoras y los bancos no iban a permitir que se redujesen sus beneficios, así que los empresarios optaron por la vía fácil y rápida: redujeron el número de trabajadores en el sector de la construcción, lo cual provocó un aumento del desempleo, una disminución del consumo desde el sector más importante de España, encogiendo a su vez los ingresos de otros sectores y provocando que mucha gente se quedara en la calle. Los bancos ante el aumento de la morosidad por parte de los deudores redujeron la concesión de créditos, lo que provocó que las casas construidas no se pudieran vender, por lo tanto, acabaron acrecentando la bola de nieve del desempleo en la construcción y jodiendo al resto del país. Al final terminamos con un montón de casas vacías y sin vender, millones de desempleados y un montón de hipotecados incapaces de hacer frente a sus deudas.

Este breve repaso histórico nos sirve para entender cómo el origen de la actual crisis tiene su origen en una producción anárquica fundamentada en la especulación salvaje. Motivadas por el afan de lucro de unos pocos, las constructoras produjeron más de lo que podían vender. Que más de doscientas mil familias se hayan quedado sin hogar a causa de los desahucios, no es culpa de ellos por pretender vivir “por encima de sus posibilidades”, como nos intentan vender a través de los medios de comunicación. Es culpa de aquellos que decidieron especular con un bien fundamental para todos como es la vivienda.

El alquiler es muy dependiente de los ingresos de los que dispongamos, pero una casa en propiedad al menos nos garantiza un lugar donde vivir. Un techo bajo el que cobijarnos, independientemente de si trabajamos o no. Eso es fundamental para cualquier ser humano. Tener la confianza de no estar nunca desamparados y tener un lugar donde descansar de manera cómoda y segura son unos derechos básicos que deberíamos tener todas las personas. Pero empresarios y banqueros, con la complicidad de los políticos, decidieron aprovechar esa necesidad social para hacer el negocio más lucrativo en los últimos treinta años.

Las hipotecas fueron el cebo, y ahora los bancos se están dedicando a expropiarles sus casas a aquellos que ya no pueden pagar los créditos hipotecarios abusivos que impusieron. Porque las deudas desorbitadas contraídas no respondían al coste real de esas viviendas. Como mercancías, esas casas tuvieron un coste en materiales y en mano de obra, pero, a partir de ahí, se produjo un aumento del precio a través de la especulación, lo cual supuso grandes cantidades de beneficios para las empresas constructoras y que los bancos aceptaron otorgando esos préstamos desproporcionados con el objetivo de aprovecharse de los precios inflados para cobrar gran cantidad de intereses. Es decir, a las personas que están pagando hipotecas les están obligando a abonar los beneficios que se han llevado los empresarios de la construcción, que en la mayoría de las ocasiones tienen sólidos vínculos económicos con las entidades bancarias. Cuando alguien no puede pagar la hipoteca, la ley exige que entregue su casa, y en caso de que la venta en subasta de la misma no cubra la deuda, las personas deben continuar pagando hasta completar la devolución.

A veces se vislumbra una luz al final del túnel. Hace dos años el consejo de ministros aprobó un código de buenas prácticas para las entidades financieras, que incluía la dación en pago para determinadas circunstancias específicas. Es decir, entregar la casa y librarse así de la deuda. Está medida solo se ha implementado con medias tintas, y no se ha concedido a todo el mundo como sucede en otros países, sino que únicamente se aplica en situaciones de extrema necesidad e imposibilidad de reponer la deuda a medio o largo plazo. En consecuencia, la mayoría de la gente sigue quedándose en la calle, y con deudas. Mientras, el banco acumula un deposito de viviendas que van a poder revender debido a que tener un hogar seguirá siendo básico para todos. Las constructoras y los bancos podrán volver a hacer negocio al respecto; habrá recibido toda la deuda pagada y después podrá vender la casa, posiblemente acompañado de un nuevo crédito. Un negocio redondo a costa de arruinar la vida de cientos de miles de personas. Ya sea con uno u otro modelo, se irán quedando con un parque de viviendas muy amplio que vender de cara a un futuro cuando la situación económica mejore. ¿Resultado? Ganan los bancos, pierden los ciudadanos por goleada.

A pesar de las iniciativas populares propulsadas por asociaciones como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), las movilizaciones multitudinarias de los ciudadanos en contra de los desahucios, es evidente que este gobierno, ni el que esté por venir van a ceder en lo referente a la actual política de vivienda. Nos tienen cogidos por los huevos. Una necesidad vital para la mayoría de la población, se encuentra privatizada, convertida en campo para el negocio, el chantaje y la extorsión a manos de una minoría de parásitos. Dado que el aparato del Estado lo controlan los mismos cabrones que se han lucrado con la especulación inmobiliaria, ellos estarán dispuestos a seguir adelante para continuar aumentando los beneficios aunque eso nos lleve a una crisis aún peor y acabe jodiéndonos vivos a todos.

Es intolerable que una necesidad como la vivienda sea un negocio, pero mucho peor aún es que este negocio haya afectado tan negativamente a miles de personas. El Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, es uno de los derechos humanos más básicos. Para ello es urgente formular varias soluciones a este problema.

Se debe condonar toda deuda hipotecaria a todos aquellos que hayan pagado el coste que tuvo construir la casa y no el coste especulativos por la que se vendió. En el caso de que al deudor todavía le quede por pagar, si no es capaz de mantenerla, la casa debe ser adquirida por el Estado pagando la diferencia que quede hasta alcanzar el grado de condonación, encargándose de mantener un alquiler social a los propietarios para que puedan seguir conservando su hogar. Todas las propiedades en manos de los bancos también deben ser adquiridas a razón del mismo precio y transformadas en viviendas públicas con un alquiler social, entendiendo este como un pago mensual que rentabilice el coste de la casa para el Estado, teniendo en cuenta las condiciones individuales de cada persona y siendo flexible en los pagos según las necesidades.

A partir de ese momento todas las viviendas vacías deben pasar a ser del conjunto de la sociedad. El Estado se encargará de repartirla en función de la necesidad de cada persona. Toda persona tendrá derecho a tener su propio hogar, y dado que en España hay viviendas de sobra para todos, cualquier joven que desee independizarse podrá tener acceso a una vivienda a un precio asequible.

La construcción de nuevas viviendas tendría que estar dirigirá por el Estado. En el caso de entidades privadas interesadas en el negocio inmobiliario, su venta no podrá alcanzar un coste superior a los materiales y mano de obra empleados para su construcción. Asímismo, el sector de la construcción debe responder también a una lógica medioambiental y urbanística coherente y limpia.

Este tipo de expropiaciones que propones son medidas de planificación socialistas con sabores estalinistas y constituyen un atentado contra el derecho de propiedad“, espetarán algunos. Pues no, idiota, no todas las propiedades tienen la misma función social.

Los bienes de uso y consumo personales, y que no son productores de riqueza, sólo de comodidad o de satisfacción personal práctica o sentimental, y que son abundantes en cualquier sociedad desarrollada y son asequibles para toda la población, son propiedades inalienablemente tuyas. Ser propietario de un reloj, un coche, un ordenador o de la nevera de tía Enriqueta, no entrañan peligro alguno a la sociedad. Al igual que es muy difícil, diría que imposible o en todo caso una guarrería antihigiénica, pretender nacionalizar los preservativos o los vibradores. Entre otras cosas porque es absurdo e imposible socializar esas cosas. Bienes de consumo producidos sin explotar ni robar a nadie, fruto de trabajo honrado y producto de justa retribución por el aporte individual a la sociedad, son legítimamente tuyos. Puedes estar tranquilo, que no va a venir ningún comisario político a expropiártelos.

Lo que sí debe ser regulado, nacionalizado o socializado son aquellos sectores relacionados con la producción de bienes y servicios de importancia estratégica, de uso colectivo o de interés y necesidad social, y eso debe incluir la vivienda, por mucho que sea propiedad privada. Esta debe ser expropiada en casos de extrema justificación, ya sea porque no hay suficientes viviendas disponibles para toda la población, o viceversa, como es nuestro caso; cuando hay miles de personas sin techo y un miles de viviendas vacías sin dueño.

Los que nos han metido en esta situación tienen una gran hipoteca que pagar, pero no con el banco, sino con el conjunto del pueblo, al que han expoliado. Si en un futuro queremos alojar a los miles ciudadanos desahuciados de sus casas, antes habrá que desalojar del poder a los especuladores.

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