La imparable privatización de la ley y el orden

10670001_10204267764837768_6667749829765299184_n

Hace unos días estaba en la cafetería de la Estación de Sants, terminando mi segunda taza de café. Ojeando el periódico me puse a buscar mi horóscopo… no sé, para ver qué me deparaban las estrellas. Decía que mi intelecto iba a hacer horas extras, que iba a triunfar en las áreas financiera y romántica… y justo cuando estaba a punto de salir del local, me di cuenta de que era el periódico de ayer.

No me molesté en buscar el ejemplar de hoy, porque no hacía falta ser futurólogo para saber cómo me iban a salir las cosas. Nada más salir de la puerta de la cafetería, dos agentes de seguridad privada se me acercan y me piden la documentación. Yo pensé, ¿qué cojones hacen dos agentes de Prosegur ejerciendo competencias propias de un agente de policía?. Tengo un instinto especial en detectar listillos y caraduras; la intención de no pocos seguratas es confundir, hacer creer a los ciudadanos con menos experiencia en uniformes que pueden ejercer competencias similares a los policías y pasarse de chulos. Me negué rotundamente a obedecer sus órdenes. Tras una discusión inicial con los uniformados, al final me vi obligado a ceder y mostrar mi documentación. Al parecer, estaban buscando a un sospechoso cuya descripción física se acercaba ligeramente a la mía. Afortunadamente, yo no era el tipo que estaban buscando y al final no me arrestaron.

Me faltó tiempo para darme cuenta que lo que estaba viviendo en mis carnes eran los efectos de la nueva ley de Seguridad Privada aprobada el año pasado por el ministro Jorge Fernández Díaz, que amplia el terreno de acción de los vigilantes privados, en base a la cual podrán hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección delimitada. Al margen de los detalles circunstanciales de la ley -como por ejemplo la más que posible infiltración de grupos de ultraderecha y neo-nazis en estos cuerpos de seguridad, la baja calificación y preparación de la mayoría de estos vigilantes privados, ni las posibles vinculaciones corruptas entre los políticos que han aprobado esta ley y las empresas de seguridad que harán el gran negocio gracias a su implantación- el concepto clave es que con esta medida se abre la puerta a poner en manos privadas todas y cada una de las funciones propias de los cuerpos policiales, dando un paso más a la represión de nuestras libertades civiles.

Si esta reforma resulta preocupante a escala nacional, lo resulta mucho más si lo situamos en el contexto internacional. Porque con la aprobación de este tipo de leyes en diversos países nos acercamos, progresivamente a un mundo controlado por ejércitos privados de mercenarios a sueldo, de carácter transnacional y con capacidad para detener, reprimir y matar a su antojo en cualquier zona del mundo, bajo el amparo de la “legalidad vigente”.

Cuando el Ministro del Interior argumenta que el negocio de la seguridad privada representa un beneficio directo para la economía española, está engañando parcialmente, pues en un futuro no muy lejano esas mismas empresas ya no estarán en manos españolas, sino absorbidas a escala internacional, como sucede siempre que una compañía garantiza beneficios y pasa a formar parte de una maraña inextricable y laberíntica de corporaciones multinacionales, y que siempre tributan en paraísos fiscales lejanos.

La industria de la seguridad privada representa un suculento y pujante negocio en todo el mundo. Tengamos en cuenta que las empresas de seguridad no son precisamente un negocio individual, pues requieren de una gran infraestructura e inversión millonaria. Por lo tanto, se trata de grandes compañías en las que tan solo aquellas que dispongan de un gran capital inicial serán las mejor situadas en el mercado y acabarán teniendo el monopolio de este sector. En consecuencia, este tipo de compañías acabarán en manos de grandes corporaciones transnacionales.

En pocos años y bajo la misma lógica empresarial con la que se guían las grandes corporaciones transnacionales como por ejemplo Coca-Cola, McDonald´s, Exxon, Microsoft, Starbucks o Wal Mart, con presencia física en todos los países, éstas poseerán ejércitos repartidos por todo el mundo. Esto es, el monopolio de la violencia a escala mundial estará cada vez más en manos de conglomerados estrictamente privados, para los cuales solo prima el afán de lucro, por encima de todas las cosas.

Y llegados aquí, es menester hacer el siguiente razonamiento: si su negocio reporta enormes y crecientes beneficios y el fundamento de su negocio consiste en combatir la inseguridad; ¿quién garantiza que las propias compañías de seguridad, tan poderosas como incontrolables por los Estados no promoverán la aparición de esa inseguridad como motor indispensable para su sustancioso negocio?. ¿No serán como los matones y guardaespaldas de un capo de la mafia pero con una placa de policía que extorsionarán a los ciudadanos para que alquilen sus servicios de protección? Es más, ¿Estos ejércitos de mercenarios no nos acercan cada vez más a un régimen feudal?.

Si estos razonamientos resultan exagerados y “conspiranoicos”, basta echar un vistazo a los Estados Unidos de América. En ese país todo lo referente a la seguridad se ha convertido en un negocio privado de magnitudes casi inconcebibles, experimentando con ello un auge imparable de los ejércitos de mercenarios fuertemente armados y equipados, con el modelo paradigmático de Academi (antiguamente llamada Blackwater), un auténtico “monstruo” corporativo con amplias ramificaciones empresariales implicados en la guerra de Irak y en programas de asesinatos secretos de la CIA.

Oscuras empresas como CACI International, Global Risk International, Control Risks Group, Blackwater, Dyncorp, AQMI Strategy Corporation, Alpha Point Security, Triple Canopy, Secopex, Meteoric Tactical Solutions, Executive Outcomes, AKE Group o Minimal Risk, entre otras… ofrecen todo tipo de servicios en defensa. Según un estudio del George Washington University, en el transcurso de la guerra de Iraq participaron más de 30 compañías militares de seguridad que operaban sirviendo los intereses del gobierno de Washington. Una de las peculiaridades de estas empresas de seguridad es que cubren todos los ámbitos propios de la seguridad privada: desde el estricto ámbito militar, pasando por la tradicional vigilancia privada de carácter policial y culminando en la gestión de las últimas tecnologías de video-vigilancia y escaneo en calles, estaciones, edificios oficiales, bancos o aeropuertos.

La seguridad privada debe estar subordinada y complementaria de la pública, pero nunca puede substituir a ésta. Es otra forma más de demoler todo lo público, después de privatizar sanidad y educación, ahora quieren tocar otra parte fundamental del Estado: la seguridad.

No nos engañemos: los negocios no conocen fronteras ni leyes nacionales. Poco importan las barreras legales y culturales en un mundo que se cada vez se globaliza, en el que el capitalismo alcanza su fase más imperialista y en el que los Estados pierden soberanía política bajo la presión de las corporaciones transnacionales. Si los ciudadanos de todo el mundo no reaccionamos de forma urgente y contundente, nos veremos abocados a un futuro literalmente infernal: a un régimen totalitario a escala planetaria, al que nos acercamos paso a paso, pero de forma inexorable.

Anuncios

Un comentario en “La imparable privatización de la ley y el orden

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s