Lucha contra la pedofília en la red: unos apuntes penales

Frank Zamorano apuraba las últimas caladas a su cigarro mientras se descargaba unos archivos a través de su ordenador personal con conexión a Internet. En la comodidad de su domicilio y sentado frente a su equipo informático, observa inquieto cómo la descarga de los ficheros multimedia está a punto de completarse, gracias al servicio que le ofrece eMule, un programa para intercambio de archivos con sistema P2P. Como buen cinéfilo, Frank tiene intención de descargarse los últimos estrenos de la cartelera cinematográfica para visionarlos desde la pantalla de su equipo de forma gratuita, sin necesidad de tener que acudir a la sala de cine. En el disco duro de su ordenador almacena innumerables archivos de vídeo con sus películas favoritas con el fin de disfrutarlas durante su tiempo libre.

Justo en esos instantes un grupo del GEO de la Policía Nacional irrumpe violentamente en el domicilio de Frank. Tras derribar violentamente la puerta, los agentes le apuntan con los cañones de sus fusiles e inmediatamente lo inmovilizan contra el suelo mientras le leen sus derechos en calidad de detenido. Esposado y conducido hasta el interior de un furgón policial, Frank Zamorano sigue sumido en la confusión, sin entender nada de lo que ocurre.

Una vez en las dependencias policiales, Frank es sometido a un intenso interrogatorio por parte de un agente que le realiza preguntas indagatorias mientras al mismo tiempo rellena la que será su ficha policial. Finalmente se le informa sobre los motivos de su detención: se le acusa nada más y nada menos que de un delito de posesión y distribución de pornografía infantil, material el cual almacenaba en el disco duro de su ordenador personal. Él es una de las 13 personas que estos últimos días han sido detenidas e imputadas por posesión y distribución de pornografía infantil a través de redes peer to peer (P2P), en el marco de una operación contra la pedofília en la red, que ha supuesto 21 registros domiciliarios por toda España, en los que los ciberagentes han rastreado una conocida red de intercambio de archivos, a través del cual se han podido detectar más de una veintena de usuarios que tenían completamente descargados en sus equipos numerosos archivos de contenido pedófilo de extrema dureza, entre ellos agresiones sexuales a niños muy pequeños.

En un principio, la investigación ya judicializada permitió la localización de 21 domicilios desde los que se habían efectuado las conexiones ilegales por todo el territorio nacional, concretamente en Asturias, Badajoz, Lérida, Córdoba, Guadalajara, Guipúzcoa, La Rioja, Las Palmas, Málaga, Salamanca y Valencia, así como tres en Madrid, tres en Barcelona, dos en las Islas Baleares y otros dos en Navarra.

El problema de todo este asunto es que Frank desconocía por completo que el disco duro de su ordenador alojaba esa clase de material delictivo. Él no tiene en absoluto el perfil de un pedófilo. Ni siquiera es consumidor habitual de ningún tipo de pornografía en la red. Dentro de unos días su identidad trascenderá a los medios. Su nombre y su rostro aparecerán, junto con el de los otros imputados, en los titulares de los principales periódicos y televisiones del país. Un principio jurídico dice que toda persona detenida es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero claro, eso ocurre sobre el papel. En la realidad su reputación ya ha quedado manchada. Aunque finalmente sea declarado inocente y absuelto de todos los cargos, en su entorno familiar y laboral, entre sus amistades y en la calle, Frank será señalado por la gente que le rodea como un posible pedófilo que al final fue absuelto. Un hecho que tendrá consecuencias irreversibles para su vida. La gente es tendente a a hacer juicios paralelos, al margen de lo que se juzgue en los tribunales. Sobre su reputación pesará una mancha que no se lavará ni con detergente.

El caso de Frank no es una excepción. Todos los años centenares de personas inocentes son detenidas por compartir desde su ordenador material pedófilo a través de redes P2P sin saberlo. La realidad es que en muchas ocasiones los nombres de los ficheros que se comparten públicamente en estas redes poco tienen que ver con los contenidos reales. Es muy frecuente bajarse por eMule el último estreno de la cartelera y encontrarse con que en realidad es una película porno, o algo mucho peor. Eso convierte en especialmente injusta y peligrosa la penalización por mera posesión de cierto tipo de ficheros, aunque sean de contenido delictivo. Sucede en ocasiones que alguien se descargue archivos con las intenciones más inocentes para luego descubrir que se ha bajado auténticas barbaridades.

No obstante, aunque muchos de los acusados de poseer pornografía infantil hayan alegado que borraron inmediatamente los archivos una vez descubrieron que estos eran de contenido pedófilo, con el fin de demostrar que no tenían intención alguna de descargar ese tipo de material, ello no sirvió como un eximente a su condena. Para el juez eran culpables de un «delito de facilitación de la difusión de material de pornografía infantil«, pues como los usuarios de eMule saben, o deberían saber, todo lo que se descarga por ese tipo de redes se comparte automáticamente con otros usuarios, y por tanto ellos debían saber que estaban difundiendo sin querer pornografía infantil.

El art. 189.2 del Código penal español castiga la mera posesión de material pedófilo, esto es, según reza el precepto: “para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces”. El contenido de estos artículos no puede llevarnos a una interpretación tan abierta que sancione penalmente con penas de prisión que arrancan en cuatro años y se prolongan hasta los ocho años, a internautas inocentes que lo único que hacen es navegar por la red, y todo lo más guardar tales imágenes en el sistema (“incoming”) que se crea automáticamente por diferentes programas informáticos al uso, tales como eMule, Ares, entre otros.

La posesión y distribución de pornografía infantil a través de diversos medios es un delito que debe ser perseguido con la ley en la mano. Pero quizá sea la hora de cuestionarse ese artículo 189 del CP, si no queremos que casos como el de Frank Zamorano sigan ocurriendo año tras año, ni tampoco que centenares de ciudadanos inocentes, a causa de la acción azarosa de los programas de descargas de archivos, sean condenados por delitos que jamás han cometido.